Aunque en Venezuela existe desde el 22 de julio de 2013 una Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, hasta el 30 de enero de 2020 los cuerpos de represi�n de la narcodictadura de Nicol�s Maduro torturaron hasta producir su muerte a 72 prisioneros. En septiembre esa cifra debe haber ascendido, a pesar de los informes de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, quien en su exposici�n sobre la marcha de los derechos humanos hecha en el 45 per�odo de ...
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Aunque en Venezuela existe desde el 22 de julio de 2013 una Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, hasta el 30 de enero de 2020 los cuerpos de represi�n de la narcodictadura de Nicol�s Maduro torturaron hasta producir su muerte a 72 prisioneros. En septiembre esa cifra debe haber ascendido, a pesar de los informes de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, quien en su exposici�n sobre la marcha de los derechos humanos hecha en el 45 per�odo de sesiones del Consejo de DD.HH, que realiz� el 16 de ese mes manifest� su preocupaci�n por los "altos n�meros" de muertes de j�venes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad y se�al� que basado en un an�lisis de fuentes abiertas de su oficina en el pa�s se registr� 711 muertes de julio agosto de 2020 y desde enero hasta esa fecha, 2000.Cabe advertir que, en el referido informe de la Misi�n Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinaci�n de los hechos sobre Venezuela, se detallan once casos en los que la misi�n llega a la misma conclusi�n: que tiene "motivos razonables para creer que se cometieron ejecuciones extrajudiciales", principalmente en manos de la FAES, una fuerza policial que recomienda desmantelar "dado el alto n�mero de ejecuciones extrajudiciales realizadas".Ir�nicamente bajo este ignominioso r�gimen se aprob� esa ley, que hasta 2020 no se ha aplicado debido a la negligencia criminal de la Fiscal�a General de la Rep�blica y la Defensor�a del Pueblo que no la han invocado ni siquiera en casos como el del Capit�n de Fragata Rafael Ram�n Acosta Ar�valo, asesinado por funcionarios de la siniestra Direcci�n General de Contra Inteligencia Militar, que fue denunciado ante la Organizaci�n de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, a los cuales se les juzg� por una ley ordinaria.A este siniestro r�gimen, ap�ndice de la dictadura cubana, no le basta privar de la libertad a sus adversarios -que considera enemigos- sin apego a la Constituci�n que jur� obedecer y hacer cumplir, sino que los priva de la vida, aunque en Venezuela fue abolida la pena de muerte desde 1863, de manera cruel y despiadada mediante ejercicios de tortura que no se conoc�an en el pa�s con el fin de crear entre los sectores que lo adversan un clima de terror para desalentar protestas y rebeliones que tienen rango constitucional. Los familiares, incluidos menores de edad, muchas veces han sido tomados como rehenes y confinados en sus terror�ficas mazmorras, con el silencio c�mplice de los funcionarios encargados de impedir tales atropellos. La barbarie, pues, que ni el virus chino, ni la opini�n p�blica internacional, ni organismos multilaterales de defensa de los derechos humanos han podido abatir, a pesar de que el Estado venezolano es firmante de muchos protocolos y tratados dirigidos a preservar tales actos contrarios a la humanidad civilizada.Hay varios instrumentos legales de alcance internacional que garantizan los derechos de las personas privadas de libertad.El 17 diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adopt� las Reglas M�nimas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela, que son 122, que pretenden reafirmar el trato digno inherente a la condici�n humana, que debe proferirse incluso a los peores criminales.En una de ella se especifica que "Ning�n recluso puede ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y no existe circunstancia alguna que justifique lo contrario".En otra se establece que "La seguridad de los reclusos debe garantizarse en todo momento, al margen de su situaci�n jur�dica".
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